Por Miguel Bonasso
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| Cristina Fernández de Kirchner y José Luis Gioja |
El gobernador hizo el anuncio sin ruborizarse, flanqueado por el ingeniero Eduardo Jorge Millón, Director de Hidráulica de la provincia y ex empleado de la Barrick Gold. Lo que se dice un hombre congruente. Sobre él escribí en mi libro “El Mal. El Modelo K y la Barrick Gold. Amos y servidores en el saqueo de la Argentina”: “En el año 2004, cuando José Luis Gioja se estrenaba como gobernador, designó al ingeniero de apellido premonitorio como Director del Departamento de Hidráulica. Entonces el Millón funcionario aprobó el plan hidráulico diseñado por el Millón empleado de la Barrick en cuatro actas, donde se fija el canon que debía pagar la Barrick en cinco años de explotación (de la mina Veladero).
“Parece
increíble pero es cierto: 170.250 pesos por cinco años. Es decir 93 pesos por
día. Lo que paga una familia sanjuanina por mes. Sólo que la familia gasta 15
mil litros por mes y Veladero 288 millones. Ese es el tipo de alianza que el
‘modelo’ vigente establece como vínculo entre lo privado y lo público. El
Millón empleado de la Barrick le certifica el plan hidráulico al Millón
funcionario y el Millón funcionario le regala el agua a la Barrick, que acaba
pagando el 0,16 por ciento de lo que le cuesta el agua a los usuarios
domiciliarios”.
Ahora
Millón regresa triunfal con esta “auditoría multidisciplinaria e imparcial” con
la que se pretende reemplazar el inventario nacional de glaciares y áreas
periglaciales que establece la ley 26.639, impulsada por el autor de estas
líneas. El inventario sigue sin llevarse a cabo por la manifiesta desobediencia
de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que vetó la
primera versión de la ley en 2008 y tuvo que aceptar a regañadientes que el
Congreso se la impusiera en 2010.
Tanto
Gioja como sus mandantes de la minera canadiense, apelaron a la justicia para
frenar –con una medida cautelar- la aplicación en San Juan de la Ley de
Protección a los Glaciares y las Áreas Periglaciales. La Barrick se
autoincriminó al alegar que la norma afectaba sus
intereses; una manera de reconocer que pensaba actuar sobre glaciares y áreas
periglaciares.
En
julio del año pasado la Corte Suprema de Justicia derogó las medidas cautelares
dictadas por el juez federal de San Juan, Miguel Gálvez, y declaró la plena
vigencia de la Ley de Glaciares. Con la “auditoría”, Gioja hizo lo que es
costumbre o vicio en él: simular que cumple la ley para violarla.
El
gobernador, rico en medios, es tan indigente en palabras (o se siente tan
impune) que no vaciló en proclamarlo ante la prensa: “Estamos cumpliendo con
esta ley, que para nosotros es inconstitucional, pero que igual la estamos
cumpliendo. Vamos a seguir defendiendo nuestros derechos porque estamos
convencidos que el crecimiento de la provincia viene de la mano de estas
actividades”. Los “derechos” a los que alude no son los de los ciudadanos
argentinos sino los de la megaminería del cianuro, que también “viene por
todo”: en Vancouver, ante los empresarios megamineros del Canadá, el Secretario
de Minería Jorge Mayoral, aseguró que las inversiones en el sector rondarían
los 20 mil millones de dólares. Sólo Barrick tiene anunciado invertir
9.300 millones de pesos este año y asegura que ya lleva desembolsados 3700
millones de dólares en Pascua Lama, cuya primera producción de mineral podría
estar lista para la segunda mitad del año que viene.
Tanto
Barrick Gold, el mayor productor de oro del mundo, como sus servidores en los
gobiernos nacional y provincial, temen que la ley de glaciares se interponga
con las fabulosas ganancias que proyectan. La empresa reveló que el oro puede
volver a trepar a 2000 dólares la onza este año, lo que supone una renta
extraordinaria considerando que el costo de producción –según el informe
oficial de un alto ejecutivo- no supera los 50 dólares por onza.
Antes
de “revelar” la auditoría surrealista, el gobernador Gioja estuvo de visita en
Veladero y Pascua Lama, acompañado –entre otros- por el capo de Techint
Paolo Rocca. También recibió la visita y el espaldarazo del ministro de
Planificación Julio De Vido.
Pero
el informe del Millón, que varios medios del establishment (como el Dow Jones
Business News) se tomaron en serio, provocó el repudio generalizado de las
principales organizaciones defensoras del medio ambiente. Greenpeace lo
calificó de “vergonzoso”. La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)
recordó que un inventario serio y transparente constituía el corazón de la Ley
de Glaciares. Enrique Viale, de Abogados Ambientalistas, se nos anticipó y
calificó la auditoría como “surrealista”. El “Diario Libre” de San Juan, uno de
los pocos medios que no controla directamente el gobernador, recordó que Millón
había trabajado para Barrick, que la Corte Suprema todavía tenía en trámite dos
demandas contra la minera canadiense y que el Instituto Argentino de Nivología,
Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), aún no había realizado el
inventario nacional que ordena la ley.
Diario
Libre afirma sin ambages: “Este resultado es alarmante, puesto que ya quedó
demostrado, con los propios Informes de Impacto Ambiental presentados por la
empresa propietaria de las minas Veladero y Pascua Lama que la afectación de
glaciares y del ambiente periglacial es un hecho. El informe admite,
autoincriminando a la empresa, que el proyecto Pascua Lama afectará alrededor
de 300 hectáreas de permafrost (suelo congelado que está protegido por la ley
de glaciares y que forma parte del ambiente periglacial).”
El 12
de octubre de 2011 –fecha que no elegí por la supuesta “raza” ni por el
codicioso navegante genovés que llegó a este continente buscando el oro-
presenté mi libro “El Mal”. Allí acusé a la Presidenta Cristina Fernández de
Kirchner; al Secretario de Minería, Jorge Mayoral; al Secretario de Hacienda
Juan Carlos Pezoa y al gobernador Gioja, por tráfico de influencias en
beneficio de la Barrick Gold. Un delito que el Código Penal castiga con
penas de uno a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para
ejercer la función pública.
Como
investigo seriamente lo que escribo, llevé esa acusación ante el juzgado
federal número dos, a cargo del doctor Marcelo Martínez de Giorgi. Que yo sepa
no pasó nada en la justicia federal y tampoco me contestó ninguno de los
funcionarios denunciados.
Estoy
pensando seriamente en iniciar una (tardía) carrera como actor de cine para ver
si obtengo una respuesta.
Buenos
Aires, 31 de enero de 2013
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